El Ayuntamiento de València ha convocado un pleno extraordinario para el viernes 23 de octubre con la aprobación definitiva del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Benimaclet en el orden del día. El plan prevé 1.345 viviendas en el sector SUP T-4, junto a la Ronda Nord y al borde de la huerta. La votación todavía no se ha producido. Si el pleno lo aprueba, el expediente podrá avanzar hacia la reparcelación de los terrenos y la posterior urbanización.

La cifra de vivienda que acompaña al anuncio es uno de los puntos más discutidos. El gobierno municipal suma 403 viviendas protegidas y una capacidad estimada para unas 300 viviendas dotacionales en parcelas públicas, por lo que habla de más de 700. El PSPV sostiene que esa suma no equivale a 700 viviendas de propiedad pública y cuestiona, además, que las parcelas dotacionales puedan albergar todas las unidades previstas.

Una votación urbanística con otra fase por delante

El PAI ordena cómo se transformará un ámbito de cerca de 269.775 metros cuadrados y cómo se distribuirán las parcelas, las viviendas, los espacios libres y los servicios. El Ayuntamiento sometió la propuesta a información pública en 2025. El anuncio publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 30 de abril abrió un plazo de 45 días hábiles para presentar alegaciones, tras el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 11 de abril. El pleno del 23 de octubre debe decidir ahora sobre la aprobación definitiva del programa y su propuesta de ordenación.

La decisión no entrega las llaves de las viviendas ni pone en marcha por sí sola las obras de construcción. El siguiente paso señalado es la reparcelación, el proceso que ajusta la propiedad de las fincas a la nueva organización del sector y distribuye las cargas de urbanización. Metrovacesa lidera la agrupación de propietarios que promueve la actuación y, de acuerdo con la previsión municipal, trabajará con ellos en esa fase si el PAI recibe el visto bueno.

El proyecto estima en unos 44 millones de euros las cargas de urbanización y plantea un plazo de 30 meses para ejecutar esas obras desde el acta de replanteo. Ese plazo corresponde a la urbanización, no a la construcción y entrega de cada vivienda. La reparcelación, los proyectos de obra y las licencias de edificación forman parte del camino que todavía debe recorrerse antes de que las viviendas empiecen a levantarse.

Qué incluye la cifra de más de 700 viviendas

El Ayuntamiento cuenta 403 viviendas protegidas y alrededor de 300 dotacionales potenciales, repartidas en cinco parcelas públicas que ocupan cerca de 20.000 metros cuadrados. La suma de ambas categorías alcanza aproximadamente 703 unidades. Las dotacionales se plantean sobre suelo público y su número es una estimación de capacidad. La cifra no describe por sí sola cuántas viviendas estarán construidas, quién las gestionará o bajo qué condiciones concretas podrán solicitarlas sus futuros residentes.

También es importante separar vivienda protegida de vivienda de titularidad pública. La ley valenciana permite que promotores y propietarios de viviendas protegidas sean públicos o privados. La protección establece límites de precio y condiciones de acceso, pero no significa automáticamente que la propiedad vaya a ser municipal. La concejala socialista Elisa Valía sostiene que la mayoría de las viviendas protegidas previstas tendría promoción privada y que la parte estrictamente pública quedaría en torno a 135 unidades. Esa cifra representa la interpretación del PSPV, que también pone en duda el cálculo de 300 dotacionales. Las 135 unidades equivalen a cerca del 10 por ciento de las 1.345 viviendas totales previstas. La discrepancia gira, por tanto, alrededor del tipo de vivienda que se incluye en el total y de la capacidad efectiva de las parcelas.

Compromís ha criticado que se mantengan las 1.345 viviendas de la propuesta y ha contrapuesto un modelo de 720 viviendas con gestión municipal directa. El número de viviendas no resume por sí solo las diferencias entre ambas propuestas. También cuentan la titularidad del suelo, la gestión de los pisos, sus precios, los equipamientos y la forma en que el nuevo tejido se conectará con las calles ya habitadas.

El parque central y la conexión con la huerta

La ordenación reserva alrededor de 70.000 metros cuadrados para zonas verdes y unos 32.000 para equipamientos educativos, deportivos y de otros usos públicos. El espacio central más destacado sería un parque de unos 30.000 metros cuadrados, con zonas deportivas, juegos infantiles, arbolado de sombra, áreas húmedas y lugares de paseo. El plan incorpora además cerca de 5.000 metros cuadrados para huertos urbanos.

El diseño prevé prolongar para peatones la avenida de Valladolid hasta la Ronda Nord y abrir nuevas conexiones entre Benimaclet y la huerta de Vera. También plantea recuperar caminos históricos y tratar la acequia del braç de l'Alegret dentro del paisaje del barrio. Para los vecinos, estos elementos importan porque el resultado no dependerá solo del número de viviendas, sino de que los recorridos cotidianos, los espacios de encuentro y las dotaciones lleguen al mismo tiempo que los nuevos edificios.

El plan incluye unas 1.200 plazas públicas de aparcamiento y más de 32.200 metros cuadrados de suelo terciario, destinado a actividades distintas de la vivienda. Esos usos conviven con las zonas residenciales y los equipamientos en un sector de transición entre la ciudad consolidada y la huerta. La aprobación del plano no significa que todos esos elementos vayan a aparecer a la vez. Su orden y calendario dependerán de las fases posteriores de gestión y obras.

Una infraestructura de lluvias ya aprobada

El PAI también se relaciona con una infraestructura prevista para recoger las primeras aguas de lluvia. En julio, la Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto técnico de un depósito de tormentas con capacidad para 7.200 metros cúbicos. El Ayuntamiento asumirá el 70 por ciento del coste y la promotora el 30 por ciento. El depósito es una actuación concreta dentro de la preparación del sector, con su propio proyecto técnico y financiación.

En la sesión del 23 de octubre, por tanto, lo que estará pendiente será la aprobación definitiva del PAI. Si sale adelante, empezará a contar la fase de reparcelación y después llegará la urbanización, con el plazo que fija el proyecto desde el replanteo. Para entender el efecto en la vivienda convendrá seguir por separado cuántas unidades quedan protegidas, cuántas se desarrollan en parcelas dotacionales, quién las gestiona y cuándo se autorizan las obras de edificación.