A 9 de noviembre, Acampada València afirmaba que estaba reduciendo de forma progresiva el espacio que ocupa en la plaza del Ayuntamiento. La decisión busca facilitar la actividad comercial y la campaña navideña, mientras la protesta por la vivienda sigue activa. El colectivo no ha anunciado cuántas tiendas retirará, qué superficie quedará libre ni una fecha para completar el proceso.

Qué cambia en la plaza

La organización sostiene que está reduciendo el espacio ocupado y que cuidará la plaza durante ese proceso. El planteamiento comunicado por el colectivo contempla tres medidas concretas: retirar las tiendas que estén vacías, concentrar la protesta en un ámbito más pequeño y organizar una limpieza para recuperar el espacio público. Son actuaciones sobre la instalación y su distribución. El comunicado no ofrece un plano ni un recuento que permita medir cuánto espacio se ha liberado ya.

La publicación del colectivo también aclara que la reducción no pone fin a la acampada. Sus integrantes afirman que seguirán movilizados en la plaza o fuera de ella y que mantienen las reivindicaciones relacionadas con el acceso a la vivienda. La organización vincula la continuidad de la protesta a que las administraciones establezcan una mesa de negociación con capacidad para abordar esas demandas.

El anuncio se trasladó al sector comercial el domingo 8 de noviembre, durante una reunión entre representantes de la acampada y Borja Ávila, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico. El colectivo plantea compatibilizar la reivindicación de vivienda con la actividad de los negocios. No ha precisado si existe un acuerdo sobre el calendario de los actos de Navidad ni cuánto espacio necesitaría cada actividad.

El Ayuntamiento reclama recuperar la plaza

La petición municipal de desescalada es anterior al anuncio del colectivo. El 3 de noviembre, el Ayuntamiento informó de que había solicitado por escrito a la Delegación del Gobierno una reunión de coordinación técnica para trabajar en la recuperación de la normalidad de la plaza. La alcaldesa, María José Catalá, defendió entonces que las reivindicaciones sobre vivienda debían resolverse en los cauces institucionales y señaló que ya se habían retirado algunas tiendas antes del 6 de noviembre.

El 6 de noviembre, Catalá insistió en que debía planificarse la retirada, en especial de las tiendas desocupadas, que calificó de numerosas. También pidió a la Delegación que empezara a trabajar con la acampada y sus representantes. El 6 de noviembre, la alcaldesa dijo que daría unos días de margen y que, si no había avances, el Ayuntamiento se plantearía seriamente acudir a la justicia. Esa declaración expresa la posición municipal, pero no equivale a que se haya presentado ya una acción judicial ni fija un día concreto para que las tiendas se retiren.

La posición de las partes sigue siendo distinta en cuanto al destino de la protesta. El gobierno municipal pide que la plaza recupere su uso habitual y sostiene que la política local de vivienda debe debatirse en comisiones y en el pleno. El colectivo quiere una mesa que reúna a las administraciones con competencias y mantiene que sus demandas no desaparecen cuando cambie la ocupación física del espacio.

La reunión no dejó un calendario de salida

El jueves 5 de noviembre, portavoces de la acampada se reunieron durante más de tres horas con representantes técnicos de la Delegación del Gobierno y de la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento. Dan, portavoz del colectivo, dijo después que los participantes estaban dispuestos a retirarse si no se producía un desalojo forzoso y si las administraciones asumían compromisos relacionados con el derecho a la vivienda. También reclamó que intervinieran las instituciones con competencias en esa materia.

La reunión abrió una vía de diálogo, pero no concretó cuándo se desmontaría la acampada. La Delegación pidió que las peticiones se presentaran por registro para avanzar hacia una futura mesa de negociación. La información del encuentro también recogió que la Generalitat no había enviado representantes y que buena parte de las demandas correspondían a la administración municipal o autonómica. Ese reparto de competencias ayuda a explicar por qué el colectivo insiste en que la mesa incluya a las instituciones que pueden decidir sobre sus propuestas.

El cambio comunicado el 9 de noviembre modifica el tamaño previsto de la ocupación y la forma de organizarla. La continuidad de la reivindicación y la fecha de una eventual salida completa siguen abiertas. A 9 de noviembre, no había una cantidad confirmada de tiendas retiradas, una delimitación pública del espacio que quedaría disponible ni un calendario final. La plaza continúa siendo el lugar de la protesta mientras el colectivo afirma que ya ha iniciado una reducción gradual.