La Ley 5/2026, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, entra en vigor este martes 11 de agosto. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la publica el lunes 10, diez días después de su aprobación por Les Corts, con una cláusula general que fija su vigencia desde el día siguiente.

La llamada ley de acompañamiento tiene 194 artículos y modifica normas de ámbitos muy distintos. No todos sus efectos, sin embargo, comienzan de la misma manera. Hay cambios legales directos desde el 11 de agosto, medidas fiscales que se aplican a hechos imponibles anteriores o posteriores a esa fecha y mandatos que todavía necesitan un reglamento, una adaptación administrativa o una nueva ley.

Esta guía ordena los cambios con mayor incidencia cotidiana. No sustituye el análisis de cada convocatoria, expediente o situación tributaria concreta.

Vivienda: cinco, diez y quince años no significan lo mismo

La norma introduce tres referencias temporales diferentes y conviene no mezclarlas. La Ley por la función social de la vivienda pasa a reconocer el derecho a una vivienda asequible a quienes tengan vecindad administrativa en la Comunitat Valenciana y acrediten al menos cinco años de residencia, continuados o interrumpidos.

Para una nueva inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda, el requisito será de cinco años de empadronamiento histórico en algún municipio de la Comunitat Valenciana y de España si se solicita vivienda protegida en alquiler. En el caso de compra, sube a diez años. La Administración dispone de seis meses para adaptar el registro y sus sistemas; las inscripciones realizadas durante ese periodo quedan condicionadas a la comprobación posterior de los requisitos.

El tercer plazo afecta a la baremación del patrimonio público de vivienda. Entre los criterios se incluye un historial acumulado de empadronamiento de al menos quince años en cualquier municipio de España, que también puede acreditarse mediante el historial de los ascendientes de primer grado. Se valoran además la escolarización, la actividad laboral, la cotización, tener menos de cuarenta años, formar parte de una familia numerosa o convivir con personas dependientes o con discapacidad.

Por tanto, cinco años para el derecho y el alquiler, diez para inscribirse con destino a compra y quince como criterio de baremación son reglas aplicadas a momentos distintos. Tampoco deben trasladarse automáticamente a promociones privadas de vivienda protegida, que cuentan con procedimientos específicos.

Servicios sociales: un principio inmediato y condiciones futuras

La ley incorpora a la normativa de servicios sociales el denominado principio de «prioridad nacional». Lo define como la asignación prioritaria de recursos públicos a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana. Esa formulación se integra desde la entrada en vigor en el objeto, la planificación y los principios rectores del sistema.

La propia ley, no obstante, encarga al Consell aprobar las disposiciones reglamentarias que concreten las condiciones de acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones inspiradas en ese principio. El futuro reglamento deberá abordar periodos reforzados de arraigo y empadronamiento, trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema. También deberá desarrollar la limitación de las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural para personas en situación administrativa irregular, preservando los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento.

Eso significa que el principio se convierte en ley el 11 de agosto, pero no existe todavía en el texto un catálogo operativo de qué ayudas se verán afectadas, qué se entenderá por prestación estructural o qué documentación se exigirá en cada convocatoria. Para conocer el efecto real será necesario leer el reglamento y, después, las bases específicas de cada ayuda.

La renta valenciana de inclusión sí recibe un cambio directo. El requisito de residencia habitual se considera cumplido con tres años de empadronamiento continuado inmediatamente anteriores a la solicitud o con diez años, continuados o interrumpidos, dentro de los treinta anteriores. La norma no contiene una regla transitoria específica para explicar cómo se resolverán todos los expedientes que ya estén en tramitación.

Inmigración, igualdad e infancia

La Ley de integración de las personas inmigrantes pasa a delimitar su ámbito a las personas extranjeras que residan legalmente en la Comunitat Valenciana y manifiesten voluntad de integración, vinculada al respeto del ordenamiento jurídico, la identidad, las costumbres y las tradiciones de la Comunitat y de España. El mismo artículo salva las garantías, prestaciones y servicios esenciales establecidos por la legislación sectorial. También se incorpora información sobre programas de retorno voluntario dentro del apoyo a las familias.

En materia LGTBI, la norma deroga un artículo y reescribe varias actuaciones educativas con referencias generales a la igualdad y la no discriminación. El Espai de la Memòria i Llibertat amplía su descripción como servicio dedicado a la diversidad y a la memoria de colectivos vulnerables que hayan sufrido odio y discriminación.

La legislación de infancia incorpora la protección del derecho a la vida de los «no nacidos y menores de edad» cuando exista una situación real de riesgo o amenaza. También modifica contenidos sobre educación afectivo-sexual, inclusión del alumnado y preparación para la vida independiente de jóvenes tutelados.

Los menús constituyen otro cambio directo. Para eventos de infancia y juventud, la ley limita las alternativas a razones médicas. En los comedores escolares obliga a ofrecer un menú especial cuando un certificado médico acredite que determinados alimentos pueden perjudicar la salud. El centro tampoco podrá servir menús procedentes de animales sacrificados sin aturdimiento previo, aunque deberá permitir conservar y calentar una comida especial aportada por la familia.

IRPF desde enero y un mínimo de Patrimonio de dos millones

El calendario fiscal no coincide por completo con el día de entrada en vigor. La nueva escala autonómica del IRPF se aplica a los hechos imponibles devengados desde el 1 de enero de 2026. La ley fija once tramos, con tipos autonómicos que van del 8,8 % al 29,35 %. Una disposición transitoria establece otra escala desde el 1 de enero de 2027, con una reducción adicional de una décima en cada tramo.

En el Impuesto sobre el Patrimonio, el mínimo exento para residentes habituales en la Comunitat Valenciana pasa a dos millones de euros. Se trata de una reducción de la base imponible y no debe confundirse con la obligación estatal de presentar declaración cuando el valor de los bienes y derechos, calculado conforme a la normativa del impuesto, supera dos millones aunque no resulte una cuota a ingresar.

La ley también modifica reducciones y bonificaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. El resultado depende del parentesco, el tipo de bien, su mantenimiento y otras condiciones, por lo que una cifra general no permite anticipar la liquidación de un caso concreto.

Qué no estará listo el 11 de agosto

Además del reglamento sobre el acceso a prestaciones, la norma abre varios calendarios. El Registro de Demandantes de Vivienda tiene seis meses para adaptarse. El Consell dispone de un año para aprobar un texto refundido de la legislación valenciana de vivienda y arquitectura. En dieciséis meses deberá remitir a Les Corts un proyecto de ley para integrar la Agencia Valenciana de la Innovación y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial.

También se conservan plazos y regímenes transitorios propios para cooperativas con sección de crédito, contratos de obra y otras materias. La entrada en vigor general no borra esas excepciones.

La lectura práctica es doble: la Ley 5/2026 forma parte del ordenamiento desde el 11 de agosto, pero no convierte todos sus mandatos en un procedimiento plenamente aplicable ese mismo día. Para vivienda, ayudas sociales o impuestos habrá que identificar el artículo concreto, su transición y, cuando la ley lo exige, el reglamento o la convocatoria que lo desarrolla.