
El Ayuntamiento de València ha admitido a trámite el Programa de Actuación Integrada de la unidad UE-3 Remunta, un ámbito del Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar próximo a los campus de la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València. La propuesta plantea un desarrollo con capacidad estimada para unas 680 plazas de alojamiento comunitario, pero se encuentra todavía en una fase inicial del procedimiento urbanístico.
La admisión a trámite permite continuar la tramitación y estudiar la documentación que deberá presentar el promotor. No constituye una aprobación definitiva, no concede una licencia de obras y tampoco fija aún el diseño final de los edificios. La diferencia entre esos pasos es relevante porque la cifra de plazas procede de una estimación basada en la edificabilidad disponible y en los espacios habituales de una residencia.
Dónde está la unidad de La Remunta
La UE-3 ocupa algo más de 15.124 metros cuadrados entre la avenida dels Tarongers, el parque de la Remunta y las calles del Comte de Melito y de Felip Vives de Canyamars. Es una de las bolsas de suelo pendientes de desarrollar dentro del Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar.
El planeamiento califica el ámbito como suelo de uso terciario compatible con el residencial comunitario. Entre los usos preferentes figuran el educativo, el hotelero y otras modalidades comunitarias. En las dos parcelas con aprovechamiento privado se prevén 13.663 metros cuadrados de techo distribuidos en seis plantas más ático.
Partiendo de esa superficie edificable y reservando espacio para habitaciones, zonas comunes y servicios, el Ayuntamiento calcula un potencial aproximado de 680 plazas. La cifra no equivale a un proyecto cerrado: podrá ajustarse cuando se concrete la distribución, se compruebe el cumplimiento de los estándares aplicables y avance el procedimiento.
Quién promueve la actuación y qué documentos faltan
La mercantil Hivel SPV 2025 es titular del 73,32 % del suelo privado del ámbito y ha solicitado asumir la condición de agente urbanizador. La iniciativa se tramita mediante gestión por las personas propietarias, una fórmula en la que quienes reúnen los requisitos del suelo impulsan el desarrollo bajo el control del procedimiento municipal.
Después de la admisión inicial quedan documentos y decisiones relevantes. La actuación necesita un estudio de detalle, una alternativa técnica y una proposición jurídico-económica. Esos instrumentos deberán concretar la ordenación, las obras de urbanización, los costes, las obligaciones del agente urbanizador y las condiciones en las que se ejecutaría la unidad.
También deberán completarse los informes y trámites que correspondan antes de llegar a una aprobación y, posteriormente, a las licencias necesarias. Por tanto, todavía no existe una fecha de inicio de obra ni un calendario de apertura de la futura residencia.
Un posible núcleo de 1.300 plazas universitarias
La Remunta se encuentra cerca de otra unidad del mismo plan especial, la UE-4 de Enginyer Fausto Elío. Para ese ámbito se prevén 34 viviendas de protección pública, 110 unidades de alojamiento residencial dotacional, un supermercado y una residencia de estudiantes de más de 600 plazas.
Si ambos desarrollos se ejecutan con las capacidades anunciadas, el entorno podría superar las 1.300 plazas específicas para estudiantes junto a la UPV y la UV. Esa suma describe el potencial conjunto de los dos planeamientos; no significa que todas las plazas estén aprobadas, construidas o disponibles en este momento.
La relación con el mercado del alquiler
El Ayuntamiento vincula el impulso de residencias de estudiantes con la intención de reducir la demanda universitaria sobre el alquiler convencional. Según los datos difundidos por el consistorio, València dispone de alrededor de 5.500 plazas operativas en residencias. Desde el comienzo del mandato municipal se habrían concedido licencias para 2.073 plazas en dieciséis establecimientos y se tramitarían otras 653.
La suma municipal asciende a 2.726 plazas aprobadas o en tramitación. El consistorio calcula que esa oferta podría liberar unas 900 viviendas del alquiler compartido, utilizando como referencia una ocupación media de tres estudiantes por piso. Se trata de una estimación teórica: el efecto real dependerá de cuántas plazas lleguen a abrir, de su precio, de la demanda y de las decisiones de quienes buscan alojamiento.
Aplicando la misma equivalencia, 680 plazas representarían algo más de doscientas viviendas compartidas. Ese cálculo sirve para explicar la hipótesis municipal, pero no permite asegurar que un número idéntico de pisos vuelva automáticamente al mercado residencial.
Qué debe observarse a partir de ahora
Los siguientes hitos relevantes serán la presentación y evaluación de la documentación técnica y económica, la definición detallada de los usos y la eventual aprobación de la actuación. Hasta que esos pasos se produzcan, las magnitudes publicadas deben leerse como capacidad potencial del planeamiento.





